El Poder Judicial cree que Arriaga Asociados vulnera el código ético de los abogados
Noticia de La Vanguardia:
Lo jueces piden que el Consejo General de la Abogacía y el Colegio de Abogados de Barcelona censuren al despacho por querellarse contra la Audiencia de Barcelona
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| Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial (Dani Duch) |
Lalo Agustina
Barcelona
La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pidió ayer al Consejo General de la Abogacía y al Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) que consideren si el comportamiento de Arriaga Asociados puede haber vulnerado el código deontológico de la profesión. Esta firma, una de las más activas en la interposición de todo tipo de litigios relacionados con las prácticas comerciales de los bancos, anunció hace unos días que había presentado una querella por prevaricación, con petición de 10 a 20 años de inhabilitación y una multa, contra cinco magistrados de la sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona.
Este órgano judicial fue la primera audiencia provincial de España en dictar sentencia sobre una demanda en la que se pedía la nulidad del índice IRPH de un matrimonio desde que el Tribunal de Justicia de la UE se pronunció sobre la cuestión en marzo. El fallo fue desestimatorio para los recurrentes y consideró que no cabía anular el IRPH. Tras conocer el pronunciamiento, que podía y puede ser referente para otras muchas audiencias provinciales, Arriaga anunció una querella contra los cinco jueces que lo firmaron y avisó de sus intenciones de poner más querellas contra los magistrados que pusieran en el futuro sentencias similares.
Conducta inadmisible
Los jueces creen que se busca perturbar la independencia de los magistrados
Esa conducta, según el CGPJ, es inadmisible, pues busca “perturbar de manera flagrante la independencia de aquellos en quien descansa la potestad de juzgar y que se erige en la piedra angular de la garantía de imparcialidad de la que debe de estar revestida la función jurisdiccional”. Según la nota hecha pública el sábado, “presionar a los jueces para que resuelvan en un determinado sentido litigios futuros, haciendo publicas tales intenciones, no puede tener otra finalidad que menoscabar la necesaria imparcialidad del juez”.
Ya el pasado jueves, el Colegio de la Abogacía de Barcelona dijo la discrepancia contra una resolución judicial se ha de plantear a través de los recursos judiciales establecidos. “La interposición de una querella por una presunta prevaricación de un tribunal sin haber agotado la vía jurisdiccional resulta absolutamente inaceptable, sobre todo si esta procede de una sociedad mercantil que no es una sociedad profesional”, dice el ICAB. El rechazo del colegio barcelonés se funda en la “instrumentalización de una acción penal tan grave para posibles finalidades publicitarias o de captación de clientes por parte de entidades que no constituyen sociedad profesionales de la abogacía y que pueden escapar al control deontológico de los órganos colegiales”.
Por su parte, Jesús María Ruiz de Arriaga, socio director de Arriaga Asociados, dijo en un comunicado que “el CGPJ se molesta porque una firma de abogados ha presentado una querella contra un tribunal, cuando lo que les debería preocupar es que sea respetado el derecho de todos los españoles a denunciar cualquier hecho delictivo independientemente de quien lo realice”. En la nota, también asegura que se le quiere amedrentar y que el CGPJ está atancado el derecho constitucional a ejercer la acción popular. La querella de Arriaga está pendiente de ser admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
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